Desde el 2022, se desata un complejo combate legal que pone en jaque a JZ Internacional, un coloso del capital riesgo estadounidense, gracias a las acciones de sus 2 administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una querella presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de crear una composición societaria destinada a conseguir el control en cerca de veinte compañías utilizando indebidamente los recursos de Gedesco, de la cual JZI posee un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la querella son Miguel Rueda y Ole Groth, gestores de europa de JZI; Antonio Aynat, principal creador y CEO de Gedesco, junto a su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, también fundador y administrador en Gedesco, y su familiar Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el encargado de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar 100 millones de euros para invertir en, por lo menos, 19 compañías, cometiendo presuntos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 en el momento en que JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el conflicto comienza a formarse en 2016, momento en el cual los creadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a cerrar una negociación formal. Desde entonces, se alega que se ha hecho un uso indebido Navegar por este sitio de los elementos de Gedesco para identificar y capitalizar oportunidades de inversión mediante una composición llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada mediante una red de 12 filiales.
Esta estructura pretendía esconder la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su colega Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta que se desligan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una sucesión de solicitudes judiciales en 2022, introduciendo una demanda en Nueva York contra Rueda y Groth, seguida de varias acciones legales en contra del fondo, en un transcurso de menos de un par de meses.
Este escenario legal prosigue desarrollándose, con recientes resoluciones judiciales como la suspensión de las declaraciones de los creadores de JZI por carecer de rastros delictivos, mientras se desvelan mucho más capas de un conflicto que destaca la complejidad de las operaciones financieras multinacionales y las discusiones entre inversores y administradores en el ámbito del capital riesgo..